Diversos países han implementado aperturas petroleras hace años y su experiencia puede ser de utilidad para nuestro país, respecto al tipo de problemáticas que han enfrentado y cómo las han solucionado.

En nuestro país, la Reforma Energética es joven y aunque su desarrollo se ha dado de manera relativamente rápida y constante en comparación con otros países, es importante considerar que eventualmente habrá controversias, ya sea entre autoridades y contratistas, entre diferentes contratistas o entre los contratistas y sus socios.

Recordemos que lo que sustenta la relación entre estos actores es un contrato, el cual de acuerdo a su definición legal es un acuerdo de voluntades, es decir ambas partes aceptan los términos y condiciones. Pero no hay contratos perfectos y ello significa que en la práctica habrá diferencias de interpretación o desacuerdos respecto a nuevas reglas.

Sobre todo cuando se llegue a la etapa de producción en donde cada una de las partes buscará velar de manera más decidida por sus intereses.

Las disputas entre autoridades y contratistas generalmente son pocas, pero obtienen resonancia en los medios de comunicación. En países como Ecuador, Argentina y Brasil, las diferencias más comunes se refieren a  cambios unilaterales en el contrato, control de precios o falta de atención oportuna de trámites por parte de la autoridad.

En lo que se refiere a las disputas entre contratistas, las más usuales son por tener yacimientos compartidos, en donde puede llegar a haber falta de certeza entre los derechos y obligaciones de cada uno de los contratistas.

Entre socios, las controversias generalmente estarán dadas porque algunos de ellos decidan abandonar su participación en el campo.

El legislador mexicano no ha sido ajeno a considerar la existencia de posibles conflictos, para ello, en la Ley de Hidrocarburos se establece que la solución de controversias o de arbitraje que se firmen con empresas nacionales o extranjeras, estará supeditada a las leyes mexicanas, lo cual es un elemento de certeza para las autoridades y las empresas, en especial para las nacionales.

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