México es uno de los países más competitivos de la región para la inversión productiva a nivel internacional. Entre las transformaciones que ha experimentado en los últimos años, la de mayor impacto y oportunidad para aumentar el dinamismo económico de México es el nuevo modelo energético, que desde 2013, representa un gran potencial para el desarrollo del país.

Este nuevo modelo se sustenta en alrededor de 800 leyes e instrumentos regulatorios, a partir de la reforma constitucional. El mismo ha generado impresiones favorables y otras que no lo son tanto, pero lo cierto es que, hace un par de años, mientras la industria energética se transformaba a nivel mundial, México se estaba quedando rezagado en su modelo, lo que nos dejaba ciertamente en una desventaja competitiva a nivel global.

El sector energético en México ha roto paradigmas y cada vez convierte de forma más palpable la expresión de sus beneficios, incluso entre algunos expertos en energía a nivel internacional a quienes al principio el proyecto mexicano les parecía extremadamente ambicioso e inviable en el corto plazo. Si bien es cierto que aún existen áreas de mejora en la aplicación y viabilidad de los modelos impulsados hasta ahora, dar marcha atrás a todo lo que ya se ha avanzado, representaría un costo sumamente elevado en materia de certidumbre e interés para la necesaria generación de inversión por parte de los mercados extranjeros.

El modelo en números

Al cierre del sexenio, las inversiones concertadas en el nuevo modelo energético serán de casi 200,000 millones de dólares.

En materia de hidrocarburos, a la fecha se han adjudicado 107 contratos y representan inversiones estimadas de 160,912 millones de dólares (en caso de éxito geológico), que en su etapa productiva reportarán para el país utilidades de 74% sin necesidad de inversión pública. En el nuevo sistema industrial privado de hidrocarburos participan 73 nuevas empresas, 34 de ellas mexicanas y el resto proveniente de 20 países.

En el sector de los expendios de gasolinas y diésel, se han sumado 43 nuevas marcas de gasolinerías, que hoy representan 24% de las 11,973 estaciones de servicio en todo el país.

Actualmente se está realizando la mayor expansión nacional de gasoductos en la historia de México, con 18,800 kilómetros de tendido, que representa un incremento de casi el doble de líneas respecto de lo que tenía el país previo al inicio del sexenio. Esto se traduce en modernización – dejando atrás la electricidad producida con combustóleo – y nos debe llevar gradualmente a precios más bajos en el suministro de electricidad a nivel nacional.

En el nuevo modelo también se ha abierto el camino a las energías renovables. En este sector se han realizado 3 subastas durante el sexenio, en las que se han comprometido 8,600 millones de dólares en inversión para 45 nuevas centrales solares y 20 eólicas, lo cual permitirá que en el año 2020 se cuadruplique la capacidad instalada que había en 2012 en energía eólica y solar en México. Los bajos precios que se ofertaron en dichas subastas rompieron récords en todo el mundo y pusieron a nuestro país como punto de referencia.

Los avances hoy en día ya son significativos. En cuanto a energía solar, México ya cuenta con 465 megawatts (MW) instalados, de los cuales existen operando en el sistema un poco más de 300 y se espera que para el final de la década haya cinco mil MW instalados. Por otro lado, los costos de la energía fotovoltaica han bajado de manera sustanciosa y se espera que disminuyan un 50% más para 2022.

El primer concurso de líneas de transmisión licitado por la Secretaría de Energía (Sener), permitirá unir el sistema eléctrico de Baja California con la red eléctrica nacional a través de una línea 1,500 kilómetros de longitud, que correrá de Hermosillo a Mexicali e implica una inversión de 1,100 millones de dólares. Además, se echará a andar otra línea eléctrica de transmisión de 1,658 kilómetros desde el Istmo de Tehuantepec hasta el centro del país con una capacidad de transmisión de 3,000 megawatts (MW) para liberar la energía eólica que se produce en el Istmo hacia el resto del territorio nacional. Es imprescindible que se redoblen esfuerzos para que estos dos proyectos se ejecuten exitosamente.

Sin embargo, a pesar de que son evidentes los beneficios financieros, en el camino se han presentado algunos problemas. Por ejemplo, a dos años de la primera Subasta de Largo Plazo (SLP), casi el 70% de los proyectos de energía limpia pactados presentan atrasos, lo que pone en riesgo las metas de producción de energía limpia, así como a los propios contratos.

Otro desafío es que las instituciones reguladoras en materia energética logren transparentar los mecanismos de determinación de los precios de gas, petrolíferos y electricidad, así como asegurar su predictibilidad en el largo plazo.

El panorama energético desde la implementación del modelo

En términos generales, el actual modelo debe redoblar esfuerzos para fortalecer la independencia y seguridad energética. Por ejemplo, en materia de hidrocarburos se necesita mayor inversión para incrementar la producción de tal forma que transitemos de los niveles actuales (1.9 millones de barriles diarios), para intentar recuperar la que se tenía hace diez años, de 3.5 millones. Entendemos que nos encontramos en un contexto diferente, pues el modelo de extraer petróleo de aguas someras, o de zonas fácilmente explotables, prácticamente quedó agotado. Recuperar esta producción implica un requerimiento financiero de aproximadamente 640 mil millones de dólares en los próximos 15 años, que pueden ingresar al país como inversión privada y no como deuda pública.

Además, hoy México cuenta únicamente con tres días estratégicos de almacenamiento de petrolíferos, mientras otros países oscilan entre los 70 y 90 días. Esto no es sano para el país y para ello es necesario aumentar, además, la inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento.

Atendiendo este problema, actualmente hay 48 proyectos de terminales de almacenamiento en marcha, tendrán capacidad de 31 millones de barriles – lo cual representa un aumento de 177% en la capacidad total de almacenamiento del país – y una inversión de 1,700 millones de dólares. Se estima que, una vez que las centrales estén en marcha, la reserva podría llegar hasta 13 días.

El segundo elemento clave es el potencial del modelo para cubrir las necesidades de consumo. Ejemplo de la insuficiencia de capacidad actual son las interrupciones que se han presentado en el suministro eléctrico entre finales de mayo y principios de junio, en 24 ciudades de la República, ya que el suministro de gas natural se ha interrumpido y los márgenes de reserva de la plataforma de centrales de generación llegó durante esos meses por debajo del 3%.

El nuevo modelo energético mexicano no es un proyecto para una persona ni para una administración, sino que se trata de una estrategia para potencializar a México a través de un trazado adecuado. Se requiere de la coordinación y colaboración de los tres niveles de gobierno. Entender la complejidad del modelo y su potencial implica considerar:

• El valor de la inversión extranjera en México.
• El esfuerzo de planeación detrás de cada megaproyecto.
• La curva de aprendizaje y el tiempo que cada proyecto requiere para su desarrollo e implementación.
• Así como que los resultados que vemos hoy son apenas el inicio de una trayectoria de cambios y mejoras planeadas hacia un mediano plazo en términos energéticos, es decir, de décadas.

¿Y si no hubiera continuidad?

Como cualquier proceso, el Modelo es perfectible, por ello es importante evaluar para mejorar lo que sea necesario y, de hecho, esto es algo que constantemente se hace. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha modificado gradualmente algunos de los términos, condiciones y anexos de los modelos de contratos de Licencia y Producción Compartida para la explotación de hidrocarburos, al igual que las bases de licitación para estos proyectos, los cuales han logrado atraer mayor interés de los inversionistas y un mayor porcentaje de éxito en el proceso de adjudicación de sus distintas Rondas.

Sin embargo, es fundamental que haya continuidad y celeridad en la implementación del nuevo modelo energético, es decir, respetar los contratos actuales y continuar con la apertura hacia nuevas licitaciones. De otro modo, se afectaría la confianza que ha permitido el flujo constante de inversiones y esto conllevaría altos costos para el país, tanto financieros, como de imagen para su sector de energía.

Implicaría, en primer lugar, interrumpir la cascada de los casi 200,000 millones de dólares de inversión recibida al momento, así como una pérdida de los 820,000 empleos formales que se prevé genere con la puesta en operación de los proyectos (fuente: Presidencia de la República). Más aún, se afectaría el potencial de alcanzar la seguridad energética y cubrir las necesidades de suministro que demanda nuestra población, además de que significaría un importante retroceso en la competitividad y dinamismo de la economía mexicana en el contexto internacional.

* Vicepresidente del Comité de Energía de American Chamber of Commerce of Mexico.

Forbes México / Benjamín Torres Barrón / 6 Agosto