La Reforma Energética trajo consigo la apertura del mercado de combustibles a la competencia. Petróleos Mexicanos, que por más de 80 años garantizó el suministro de combustibles, ahora compartirá esa responsabilidad con empresas privadas que participen en el mercado. Lo anterior, vuelve necesario garantizar el abasto oportuno y eficiente a la población, en aras de la seguridad nacional y en específico de la seguridad energética[1] del país.

 

Para lograr lo anterior, el pasado 12 de diciembre de 2017, la Secretaría de Energía, publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos” (gasolina, diésel y turbosina), con el objeto de determinar la política pública en materia energética aplicable a los niveles de almacenamiento y a la garantía de suministro de hidrocarburos y petrolíferos, para salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales.

 

En dicho documento se considera que para hacer posible la seguridad energética debe lograrse la existencia de tres elementos fundamentales: 1) oferta suficiente para satisfacer la demanda a precios competitivos; 2) infraestructura para almacenar y transportar y 3) capacidad de respuesta en caso de que existan variaciones importantes en la oferta y la demanda.

 

En materia de almacenamiento, la política que ha elegido el gobierno mexicano es la de crear infraestructura de almacenamiento estratégico a cargo del Estado, al mismo tiempo que se desarrollan los mecanismos y estrategias para incentivar la producción y el desarrollo de infraestructura por parte de la iniciativa privada (inventarios comerciales).

 

Uno de los aspectos más importantes a considerar se refiere a la cantidad de tiempo en la que se traduciría la capacidad de respuesta en escenarios de escasez o ante las variaciones de oferta y demanda en el país, a fin de minimizar los riesgos de desabasto. Algunos países como Italia, Reino Unido y Estados Unidos, cuentan con inventarios de petrolíferos expresados en días de ventas internas de 56, 27 y 31 días respectivamente, mientras que México apenas llega a los 3 días. Con base en la política de almacenamiento recientemente establecida se pretende llegar a 10-15 días de almacenamiento estratégico.

 

Como se puede apreciar, el reto para desarrollar infraestructura y cumplir con la política establecida es mayúsculo, pero fundamental para lograr la seguridad energética de nuestro país.

 

[1] Se concibe como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a precios asequibles.