Por primera vez en décadas, no se publicó el decreto con los precios del gas licuado de petróleo (LP) del país, y las 360 empresas que distribuyen este combustible a siete de cada 10 hogares mexicanos tienen libertad de fijar sus precios para competir en el mercado.
Por lo pronto, consideraron las principales asociaciones de gaseros en el país, el precio mantendrá un nivel inercial similar al que se observó al cierre del 2016: 11.5 pesos por kilogramo en promedio nacional, aunque comenzará a elevarse en regiones como el sureste y noreste del país, regiones que se encuentran más distantes del ducto troncal que recorre el centro del país y de las terminales portuarias que abastecen al Pacífico y al Golfo.
Con esta liberación, el Ejecutivo Federal pierde facultades para determinar precios máximos, pero para evitar abusos por parte de empresarios, la Comisión Federal de Competencia Económica aseguró que llevará a cabo monitoreos de competencia efectiva y enviará recomendaciones a la Comisión Reguladora de Energía para diseñar esquemas de mercado o incluso multará a quienes incurran en prácticas anticompetitivas.
Los permisionarios de gas LP ascienden a más de 4,682 tras la obligación de que todos los participantes en cada una de las ocho actividades en que quedó dividida esta industria obtuvieran un permiso tras la aprobación de la reforma.
Las actividades que implican infraestructura de expendio de este hidrocarburo son las que concentran el mayor número de permisos, con 23% otorgados para la distribución y nada menos que 2,942, o 62% de los permisos para plantas de expendio al público.
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