El avance más importante que se produjo en el marco de la Reforma Energética, durante el año 2016, fue la incorporación de nuevos participantes en la cadena de valor de los Hidrocarburos y Petrolíferos derivado de: 1) las tres rondas de licitaciones llevadas a cabo durante este año, donde más de veinte empresas están realizando los trabajos iniciales de exploración y/o extracción en aguas someras, profundas y terrestres; 2) la libre importación del gas LP, gasolina y diésel, además de la comercialización de cualquier marca en las estaciones de servicio y 3) el otorgamiento de una mayor cantidad de permisos a particulares para llevar a cabo las actividades de Transporte, Almacenamiento, Distribución y Expendio, los cuales ascienden a más de 19,000. De esta manera, se marca una tendencia de expansión en toda la industria de los Hidrocarburos y Petrolíferos.
Lo anterior significa un escenario caracterizado por la multiplicidad de participantes, lo cual trae consigo una mayor probabilidad de ocurrencia de siniestros, considerando que el Sector Hidrocarburos es, por sí mismo, un sector de alto riesgo, por los daños y perjuicios que se pueden causar a terceros en sus personas y en sus bienes, así como al medio ambiente como por ejemplo, el descontrol de pozos, derrames durante el transporte en embarcaciones, durante la construcción y operación de los ductos, o las colisiones de las pipas que causan incendios y explosiones, entre otros.
Las autoridades encargadas de garantizar que las actividades del Sector Hidrocarburos se desarrollen con base en las mejores prácticas y estándares, tienen la atribución para emitir regulación en materia de instrumentos financieros de transferencia del riesgo. Un avance al respecto, se dio el 23 de junio de 2016 con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las reglas para el requerimiento mínimo de seguros a los Regulados que lleven a cabo obras y actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, en las que se establece la obligación a los regulados de contar con seguros de responsabilidad civil y ambiental, así como de control de pozos, los cuales lejos de verse como una carga administrativa y económica, son un respaldo para proteger su patrimonio y la continuidad de sus operaciones.
En este contexto, es importante destacar que si bien la Reforma Energética presenta oportunidades, también implica riesgos, lo cual no debe ser un factor desalentador, pues cuando éstos están bien identificados y administrados a través de un esquema integral de aseguramiento, contribuyen a la operación exitosa de una empresa.
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