En México, desde hace muchas décadas, existe un principio de derecho civil que obliga a quien causa un daño a un tercero a responder por él, aunque no haya tenido la intención de causarlo. A este principio se le conoce como el de “Responsabilidad Objetiva”.
En materia de daño ambiental se denomina: “El que Contamina, Paga”. Este se traduce en la obligación de responder por un daño causado al medio ambiente. Antes del año 2011 no existía un marco jurídico adecuado para que las personas afectadas por un acto, hecho u omisión que ocasionara daño ambiental, pudieran acudir a los tribunales para que el daño fuera reparado o cuando menos compensado. A partir del año 2012, se introdujeron las acciones colectivas como una forma de solicitar la reparación del daño en materia ambiental, lo cual se complementa con las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Acciones Colectivas
Las acciones colectivas permiten a ciertas autoridades federales, organismos no gubernamentales y miembros de ciertas comunidades, acudir a los tribunales federales en materia civil para hacer valer sus derechos colectivos o derechos individuales con incidencia colectiva y en materia de protección al medio ambiente.
Existen tres tipos de acciones colectivas:
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Acción difusa: Tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad. Los habitantes de una ciudad cuya cuenca de aire ha sido contaminada por causa de un tercero pueden entablar una acción difusa.
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Acción colectiva en sentido estricto: Su objeto es reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado. Un ejemplo podría ser una comunidad determinada que vive cerca de un río que ha sido contaminado por la acción u omisión de un tercero.
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Acción individual homogénea: Se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva y su objetivo es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos. Quienes han contratado los servicios de un transportista de residuos peligrosos, podrían tener una acción contra éste si, por su negligencia, ha causado un daño ambiental.
Las acciones colectivas en materia ambiental se convertirán, en los próximos años, en los mecanismos idóneos para la búsqueda de justicia sobre todo en aquellos casos en que un hecho provocador de un daño ambiental prive a toda una comunidad o a los miembros de una región de su derecho constitucional a gozar de un medio ambiente sano.
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